EXPERTO EN REESTRUCTURACIÓN ¿Se conoce realmente este mecanismo?

La modificación de la Ley Concursal en septiembre de 2022, estableció en su articulado del Libro II la figura del Experto en Reestructuración figura independiente al Administrador Concursal, con el propósito de evitar la liquidación mercantil. Pudiendo esta figura establecer un marco de actuación el cual evitaría el concurso llegando a un acuerdo entre deudores y acreedores, vía la ejecución de un plan de viabilidad y la continuidad del negocio.

Resulta destacable que, este mecanismo es infrautilizado por las mercantiles en necesidades, las cuales, prefieren el concurso clásico en lugar de utilizar este nuevo mecanismo que la ley acoge.

Las razones por las cuales este mecanismo no es empleado pueden ser amplias: como por ejemplo el desconocimiento del mismo, el escueto texto que la Ley Concursal le ha dedicado o que en España olvidamos, a veces, tomar rienda a las problemáticas surgidas olvidando el famoso dicho “más vale prevenir que curar”

Pareciera ser, que las reestructuraciones empresariales sólo fueran un mecanismo para grandes empresas, las cuales a fecha actual serían las únicas quienes lo están usando, como así reflejan las estadísticas (véase los casos de CELSA, TELEPIZZA o EZENTIS entre otros). Pero, con el debido asesoramiento cualquier empresa, independientemente de su tamaño, en situación similar podría acogerse con las suficientes garantías al proceso dando continuidad al negocio en mejores condiciones que sin la operativa de reestructuración obteniendo quitas, carencias o prórrogas.

Por ello, desde BADIA SANZ Administradores y Economistas, alentamos a las mercantiles que estén en una situación previa a una situación de insolvencia a recurrir a este mecanismo que la Ley ha favorecido, a fin de dar continuidad al negocio  que tanto cuesta levantar y no rendirse a favor del concurso que, en su gran mayoría, como asi reflejan los datos acabará en liquidación

Evitar la liquidacion con un procedimiento de reestructuración empresarial, entre otros, podrá salvar gran parte del capital, los activos y, lo más importante, evitar las consecuencias legales imprevisibles como la derivación y cobertura del déficit por insolvencia culpable hacia los administradores de la sociedad.